LO QUE VIENE

Cuando los estudiantes secundarios salieron a la calle y provocaron una grave pérdida para el Gobierno en el respaldo ciudadano, muchos comentaristas señalaron su inquietud por el hecho de que esta explosión no se hubiera previsto con anterioridad, pero lo cierto es que las autoridades están por lo general tan concentradas en la administración de las situaciones cotidianas que les resulta difícil tener el tiempo para reflexionar sobre la dirección de lo que se está haciendo y las consecuencias de las señales que se entregan a la ciudadanía.

En este sentido, el actual Gobierno ha planteado que su principal objetivo es la inclusión de las personas, es decir la homogeneización de derechos y oportunidades, como contraposición a la exclusión que se produciría en una sociedad regida de manera exclusiva por los principios del mercado. En buen castellano, la autoridad se ha comprometido a intervenir para asegurar los derechos de todos, lo que significa en rigor proteger de manera especial a los más débiles.

Paralelamente, el hecho de que la Presidenta sea mujer se ha interpretado como un compromiso adicional por la efectiva igualdad de las mujeres frente a los hombres y ello, aunque implica un cambio cultural profundo que es imposible de concretar en la duración de un Gobierno, obliga necesariamente a entregar señales concretas que aunque sean simbólicas sí representen un avance en la erradicación de las condiciones discriminatorias existentes.

Finalmente, y aunque no lo ha dicho el Gobierno, sí lo han dicho sus parlamentarios: El país tiene más dinero por el cobre y es adecuado gastar parte de esos recursos en mantener la adhesión de la ciudadanía a la Concertación. Incluso en el caso de que no se hubiera planteado la disponibilidad de recursos adicionales, para la ciudadanía tres gobiernos seguidos de progreso económico son más que suficientes para que parte de la riqueza que se genera comience a distribuirse con criterios de mayor justicia, pero Chile sigue siendo una de las naciones con peor distribución del Producto Interno en todo el planeta.

En este cuadro, resulta lógico que los diversos sectores gremiales comiencen a reclamar mejores condiciones: Trabajadores públicos, municipales, los sectores de la salud y la educación, y todo gremio que cuente con una capacidad de organización que les permita movilizarse. Todos ellos consideran, primero, que el Estado tiene el dinero para satisfacer sus reivindicaciones; y, en segundo lugar, que la Concertación sabe que cuatro períodos presidenciales seguidos no pueden proyectarse a un quinto mandato si la economía no se conduce con mayor generosidad y una disciplina fiscal menos estricta. Se reconoce que la responsabilidad ha permitido el crecimiento, pero la paciencia para seguir esperando los beneficios del progreso tiende a agotarse, en especial cuando la oposición promete el bienestar que la Concertación no entrega.

Frente a la mayor disponibilidad presupuestaria -real o no- de que goza el actual Gobierno, es lógico esperar que las demandas sectoriales vayan en aumento. Ya no hay una democracia que proteger que sirva de excusa para postergar las legítimas reivindicaciones de los chilenos; ya no hay un sistema económico que requiera del esfuerzo de los trabajadores, porque todos ven que el progreso existe y es natural que se quiera recibir parte de este.

Sin embargo, el tema de la distribución del ingreso no es la única fuente de preocupaciones para el Gobierno ni el único factor capaz de explicar los próximos conflictos sociales. Es un hecho objetivo que el modelo económico vigente se basa en condiciones poco equitativas. Cuando existen dificultades para que los trabajadores puedan reclamar sus derechos en una posición de igualdad con los empleadores, es esperable que se salten los procedimientos legales y que, como consecuencia de ello, los legisladores propongan la modificación de la ley.

Por otra parte, y aunque los planteamientos del Gobierno sobre las reformas institucionales, como el cambio del sistema electoral binominal, pudieran no ser significativos para la ciudadanía, su debate sí genera un efecto como es una mayor disposición de la gente para exigir que se escuchen y acaten sus opiniones. Un Gobierno ciudadano supone que es la ciudadanía la que manda, y ello conlleva una alteración del modelo político chileno, que tradicionalmente ha estado fundado en los partidos políticos.

Del mismo modo, cuando se promete a las mujeres -la mitad del electorado- que tendrán mayor igualdad y el poder habitualmente ha sido masculino, es esperable por un lado que se exijan iniciativas a favor de la mujer y, por otro lado, que esas propuestas sean resistidas. Sin llegar a una lucha de los sexos, es previsible que la discusión se genere en torno del proyecto de ley sobre cuotas, con el que se busca asegurar a las mujeres porcentajes determinados de cargos en todos los niveles de la estructura del Estado y, eventualmente, en los ámbitos del sector privado que recibe alguna forma de financiamiento público, y ese es un compromiso que aún no ha sido resuelto por la actual administración.

Finalmente, el último factor de conflictos que hay que tomar en cuenta es la creciente rivalidad y tensión entre las regiones y Santiago, que por lo general no son tomadas en cuenta por las autoridades centralizadas en la capital, pero que cada cierto tiempo detona en situaciones como la ocurrida con Chiloé por el fracaso del puente, en Arica cuando la población coloca banderas negras o en los sectores rurales de la zona central cuando los precios de los cultivos tradicionales hacen imposible la subsistencia. Cualquiera de estas u otras situaciones pueden tornarse inmanejable sin una autoridad capaz de prever los conflictos o más obsesionada por demostrar las cualidades que se le desconocen que por satisfacer las necesidades de todos los chilenos y no sólo de las de aquellos que son amigos o que tienen el poder para imponer sus intereses.