PERIODISMO PARA LA DEMOCRACIA

Si no fuera porque Las Últimas Noticias y Publimetro publicaron portadas el sábado pasado, dando anticipadamente la información de la muerte del animador Felipe Camiroaga, nadie se habría fijado en la forma en que actúan nuestros medios de comunicación, a pesar de las reiteradas quejas que distintos actores han venido presentando por las políticas editoriales.

Así como la movilización ciudadana ha obligado al Gobierno a sentarse a negociar con los estudiantes, la molestia del público obligó también a ambos medios impresos a presentar excusas, pero habitualmente la gente no reacciona a los abusos o informaciones parciales que se publican y de esa forma, sin darse cuenta, van aceptando la realidad que construyen día a día los medios de comunicación.

Cuando se estableció la ley que dio origen a Televisión Nacional de Chile se determinó que sus funciones serían las de "informar, educar y entretener", y debe entenderse que este marco es válido para todos los medios, sean televisivos, radiales o escritos.

En el caso de la televisión y de la radio, por tener mucho mayor impacto social y por ocupar para sus transmisiones un espacio de la banda de frecuencias, que es un bien de uso público, concesionado por la autoridad a particulares por períodos determinados de tiempo, la exigencia tiene aún más relevancia, ya que utilizan un espacio que le pertenece a todos -como los minerales o el agua- para desarrollar una actividad empresarial particular a la que se le añade la consecución de fines políticos y económicos propios.

Sin duda, la prensa representa un poder de gran relevancia en los procesos sociales y es por eso que las cúpulas partidistas y empresariales tratan siempre de hacer lo posible por contar con su simpatía, lo que afecta aún más a quienes carecen de los medios y herramientas para hacer valer su opinión. En la actualidad, salvo la posibilidad de recurrir a los tribunales que siempre es una alternativa cara, limitada y engorrosa, no existen mecanismos para que los ciudadanos se defiendan frente a las acciones y omisiones de los medios de prensa. El Colegio de Periodistas tiene un tribunal de ética y la Federación de Medios de Comunicación otro organismo especializado, pero su existencia es mayoritariamente desconocida, su labor tiende a proteger a sus asociados salvo casos flagrantes y, por último, sus dictámenes no son de cumplimiento obligatorio.

Es incuestionable que en una sociedad democrática todas las personas deberían tener el derecho a que sus opiniones tengan la misma difusión que las de cualquier otro. Es evidente que eso es impracticable por razones de espacio, pero el ideal sería que se buscara un punto intermedio y que en ningún caso la dificultad técnica se convierta en una denegación del derecho a expresión. Esta es un área en la que el asunto no se puede someter a las leyes del mercado sino que requiere mayor regulación para equilibrar la situación de cada una de las partes.