EL ESTILO “CHIVO EXPIATORIO”

Hay gobiernos de todo tipo, y ello permite contar con una amplísima gama de sistemas de clasificación, pero en Chile, que siempre parece haber una creatividad inagotable para ideas inútiles, estamos viviendo desde hace un tiempo el esquema del “Chivo Expiatorio” en el que la exigencia no es hacer bien las cosas sino encontrar siempre a alguien culpable de que las políticas gubernamentales no funcionen como se promete.

Aunque siempre ha habido una tendencia de culpar a los otros, es desde el primer fracaso de la reforma laboral que se comenzó a percibir que las iniciativas se presentaban con el único afán de culpar a otros por los fracasos de propuestas con las que ni su propio autor está de acuerdo ni tiene esperanzas de que vayan a prosperar.

No es nada curioso que este tipo de situaciones florezca en los períodos previos a las elecciones, porque a fin de cuentas su única motivación es obtener dividendos electorales y no hacer bien las cosas. El mismo esquema se ha repetido desde hace años con la reforma del sistema electoral casi como un lema pero también se ha utilizado en otras circunstancias, siendo la última el Transantiago, plan que está evidentemente fracasado y requiere como mínimo que se asuma la responsabilidad de que miles de personas vivan diariamente en la humillación.

En este caso, es tan evidente que no hay responsabilidad política de la oposición que el Gobierno ha buscado un nuevo chivo expiatorio, recurriendo como alternativa a los empresarios del Transantiago y se encuentra preparando una ofensiva comunicacional luego de amenazar que quienes no cumplan los contratos serán caducados, lo que es a simple vista un engaño.

En primer lugar, porque el impacto de retirar de la calle un operador sin tener un reemplazo significaría dejar sin servicio a barrios y comunas enteras, lo que es impensable para un sistema de transporte público que ya está al borde de la pérdida de legitimidad a los ojos de los usuarios.

Pero además, el Ejecutivo no se ha detenido a pensar que es la propia autoridad la que ha tenido desde el principio la facultad de exigir el cumplimiento de los contratos suscritos, y por lo mismo la decisión de caducarlos puede dar inicio a una áspera batalla legal que se podría arrastrar por meses y terminar por significar un daño para el Fisco, en caso de que no logre demostrar la validez de su decisión unilateral, sin tomar en cuenta que los empresarios de la locomoción colectiva tienen formas de presión que, siendo legales y legítimas, pueden desencadenas un estallido social.